Fundación exhorta a Sala de lo Constitucional a que se pronuncie sobre demanda planteada en 2016

El 17 de enero del 2019, por medio de resolución 18-2019, la Sala de lo Constitucional de El Salvador, declaró improcedente la demanda interpuesta en el año 2018 por el ciudadano Rafael Alejandro Rodríguez Colocho contra el artículo 11 del Código de Familia, que regula el matrimonio entre hombre y mujer.

Copia de recibido de la demanda presentada en noviembre del 2016

Copia de recibido de la demanda presentada en noviembre del 2016

Como Fundación hacemos un llamado a que la Sala de lo Constitucional, de la misma manera que respondió a la demanda del abogado Rodríguez, del abogado Danilo Vega en el año 2017 y otras en enero del 2018, la invitamos a que finalice el “análisis de admisión” que se encuentra haciendo desde el 11 de noviembre del 2016 a la demanda preparada por el abogado Herman Duarte, la cual consta en el expediente 184-2016. Tras haber transcurrido más de 700 días desde su presentación, consideramos que es injusto que la Sala de lo Constitucional no cumpla con su obligación de dar una respuesta pronta y cumplida sobre la demanda que versa sobre el mismo tema. 

“Negar el acceso igualitario a la institución del matrimonio civil (no religioso) es una forma de negar el valor de una persona, de posicionarlo en un estrato de segunda categoría, de robarle su total ciudadanía ... Ya superamos las terribles leyes de Nuremberg que prohibieron los matrimonios entre judíos y alemanes, en la Alemania Nazi;  también las absurdas leyes racistas anti matrimonios interraciales por ir “en contra de la familia” que estuvieron presentes en el mundo. De la misma manera superaremos esa montaña de prejuicios contra la realidad - pues más que una idea, es una realidad- que hombres y mujeres adultos, pueden contraer matrimonios civiles (no religiosos) entre sí; formando familias donde reine el amor, valores y el respeto.”sentenció el abogado y autor, Herman Duarte, presidente de Fundación Igualitxs y Hduarte Legål. Además de fungir como oficial del comité de derechos humanos de la International Bar Association, entre otros cargos. 

John Richard Keilhauer, director de país de la Fundación Igualitos agregó que: “Al excluir a las parejas del mismo sexo del matrimonio civil (no religioso) se degrada a las personas homosexuales, bisexuales y lesbianas ya que se les coloca en un plano de inferioridad con respecto a las parejas heterosexuales, posicionándose en una categoría de ciudadanos de segunda. La discriminación, por ende, se vuelve injustificada ya que no existe una sola razón “objetiva” para promover este tipo de tratamiento diferenciado.”   

Mientras que el Director de asuntos culturales de la Fundación, Dr(c) Carlos Fuentes Velasco, explicó que la prohibición:“impacta el desarrollo de la plena ciudadanía de las personas al: impedir la separación de bienes gananciales en casos de divorcio, a la manutención del cónyuge, a visitas hospitalarias y toma decisiones de emergencia, a la pensión de vejez con los hijos, a ser heredero, a recibir protecciones ante un divorcio, beneficios migratorios, de seguro de enfermedad, derechos de maternidad/paternidad compartida, beneficios de parejas en los trabajos, ausencias justificadas por enfermedad del cónyuge o por luna de miel, a pensiones del cónyuge en determinados casos, recibir beneficios de seguro social, a presentar impuestos conjuntos, acceso de las pólizas de seguro de la familia, entre otros.”