La responsabilidad internacional ante el incumplimiento de la decisión de la Corte IDH.

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Boris Molina Mathiew

- Managing Partner de la firma B Molina Abogados, desde 2017.

- Egresado de Derecho con énfasis en Ciencias Forenses por la Universidad de Costa Rica, defendiendo TFG a finales de este mes.

- Mejor Orador y Segundo Lugar en el Concurso CPI de Simulación Judicial, realizado en La Haya, Paises Bajos, en sede de la Corte Penal Internacional, año 2014.

- Mención de Honor como Mejor Orador y Tercer Lugar en el Moot Madrid, realizado por la Universidad Carlos III de España, año 2015.

1- ¿QUIÉNES FUERON LOS MAGISTRADOS DE LA SALA IV QUE RECHAZARON LA FIV?

R/ Hay que especificar allí varios detalles para responder correctamente esta pregunta: 

- Recordemos que la primera sentencia en contra de la FIV fue emitida en el año 2000 (Nº 2306-2000), que fue la que luego originó el proceso contencioso ante la Corte IDH. En esa ocasión, los magistrados que fallaron como mayoría fueron los siguientes: Rodolfo Piza Escalante, Luis Fernando Solano C., Luis Paulino Mora M., Eduardo Sancho G. y Adrián Vargas B. Ninguno de éstos se forma parte de la actual configuración. 

- Posteriormente, en el año 2015, cuando se emite el Decreto Ejecutivo que avala la FIV, se interpone una acción de inconstitucionalidad en contra del mismo. La resolución que daba admisibilidad al mismo (Nº 15725-2015), fue la que dio paso a la salida (“jubilación") del magistrado Gilbert Armijo, pues él consideró que “esa fue la gota que derramó el vaso”, al admitirse el estudio de la acción de constitucionalidad cuando pendía la resolución de cumplimiento por parte de la Corte IDH. Los magistrados que votaron a favor de admitir el estudio dicha acción fueron: Fernando Cruz C., Paul Rueda L., Luis Fernando Salazar A. y Anamari Garro V- ésta última en calidad de magistrada suplente y quien, hasta donde sé, continúa en el cargo. Los restantes son titulares y se mantienen en la actual configuración de la Sala Constitucional. 

- Finalmente, por la resolución Nº 1725-2016 (después corregida su numeración a 1692-2016), la Sala declara con lugar la acción de inconstitucionalidad. Los magistrados que votaron a favor de ello fueron: Fernando Cruz C., Fernando Castillo V., Paul Rueda L., Luis Fernando Salazar A. y Jose Paulino Hernández G.- éste último en calidad de magistrado suplente y quien, hasta donde sé, continúa. Los restantes son Titulares y se mantienen en la actual configuración. 

2- ¿QUÉ CONSECUENCIA ESO TUVO? ¿CÓMO IMPACTÓ EL ATRASO?

R/ Las consecuencias fueron, sencillamente, nefastas. Comenzando por la primera sentencia, la cual supuso una prohibición para practicar la técnica FIV por más de 12 años, hasta que resolvió la primera sentencia la Corte IDH. Aún así, la Sala volvió a fallar en contra del tema y tuvo que pasar un período de cuatro años más para que, en 2016, la Corte IDH, nuevamente, emitiera su criterio y se entendiera, de una vez por todas, que la FIV debía practicarse en suelo costarricense. 

Esto genera consecuencias terribles para muchísimas personas durante ese periodo de total prohibición -el cual se extendió por más de 16 años-, cuya edad reproductiva llegó a su fin, puesto que no cumplieron sus sueños de ser padres y madres biológicos a través de esta técnica, y por ende, muchas personas ya no nacieron durante todo ese periodo, producto de una decisión judicial arbitraria y totalmente contraria a los derechos humanos. 

3- ¿QUÉ SANCIÓN INTERNACIONAL TUVO COSTA RICA? ¿PAGÓ DINERO? ¿TIENE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA ALGÚN MAGISTRADO?

R/ Pues una sanción como tal no hubo, pero sí fue condenado a pagar cerca de $500.000 por concepto de daños a las víctimas del caso. En mi opinión, los magistrados de la sentencia del año 2000, evidentemente, no podrían tener responsabilidad, pues ya habría prescrito el derecho a reclamarlo. No obstante, con los magistrados que firmaron como mayoría en la resolución del año 2016, me parece que sí podría caber responsabilidad administrativa personal, por cuanto el bloque de legalidad en esa materia permite el reclamo, tanto en contra de la Administración como del funcionario provocador del daño, y no habría culminado el plazo aún para ejercitarlo, pues ese plazo es de cuatro años a partir del hecho generador. Por ende, no solo dicha responsabilidad sería solidaria, sino que directamente atribuible a cualquiera (o todos) de los cinco magistrados que firmaron esa resolución. 

4- ¿ES VINCULANTE LA OC-24/17? ¿QUÉ SANCIÓN SI LO RECHAZAN?

R/ Es mi criterio que la Opinión Consultiva OC-24/17 es totalmente vinculante para el Estado de Costa Rica por tres consideraciones muy puntales: a) Porque fue el Estado que realizó la Consulta; b) Porque el Estado es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos y se sometió a la competencia de la Corte IDH; y, c) Porque, de acuerdo con el Convenio Sede de la Corte IDH, Costa Rica se comprometió, desde el momento de aceptar voluntariamente ser la sede de la Corte, a respetar a ultranza los fallos de este organismo, como si fueran sentencias nacionales, por disposición del numeral 27 de dicho Acuerdo. Por lo tanto, esta resolución (NO recomendación, como la han mal llamado), es absolutamente vinculante para el Estado de Costa Rica en todos sus extremos, y así debe ser implementada a nivel interno. 

Ahora bien, en caso de que lo rechace la Sala Constitucional, me parece que no cabría ninguna sanción, por lo menos no una que se pudiera establecer a priori o en forma muy expedita. Ellos estarían, por lo menos dentro de nuestro ordenamiento, posibilitados para resolver en contra y sin recibir sanción alguna dentro de este sistema, lo cual es terrible para los derechos humanos que se está buscando sean reconocidos en nuestro país. 

5- ¿QUÉ VÍAS QUEDAN?

R/ Considero que, ante un escenario tan escabroso como el planteado supra, si se emitiera un rechazo de parte de la Sala Constitucional, lo que quedaría es, tal cual como sucedió con el Caso FIV, acudir a la instancia de la Corte IDH a buscar justicia y que sea allí donde, una vez más, se logre aplacar el aparente poder omnímodo que posee nuestro Tribunal Constitucional. Fuera de eso, no vislumbro otra opción que sea viable e igual de efectiva. Lo cual, pareciera conocen de sobra los señores magistrados, los mismos que tienen la posibilidad de hacer historia con la emisión de este voto, ya sea negativa o positiva, en pro o en contra de los derechos humanos. 

Muchas gracias por el espacio, espero todo haya quedado muy claro, y si no, seguimos estando en contacto por esta vía para lo que necesiten. Un placer haber colaborado con ustedes. 

Edy Perdomo