La voluntad de Dios y el Estado de derecho

 La consagración (en francés Le Sacre de Napoleón) es una pintura de Jacques-Louis David, pintor oficial de Napoleón Bonaparte realizada entre 1805 y 1808. El cuadro tiene unas impresionantes dimensiones de 629 x 979 cm y se conserva en el Museo del Louvre de París, Francia, si bien existe una réplica posterior en el Palacio de Versalles. La coronación y la consagración tuvieron lugar en Notre Dame de París, una manera para Napoleón de poner de manifiesto que era un hijo de la Revolución: designaba la capital como el centro político, administrativo y cultural de Francia.

La consagración (en francés Le Sacre de Napoleón) es una pintura de Jacques-Louis David, pintor oficial de Napoleón Bonaparte realizada entre 1805 y 1808. El cuadro tiene unas impresionantes dimensiones de 629 x 979 cm y se conserva en el Museo del Louvre de París, Francia, si bien existe una réplica posterior en el Palacio de Versalles. La coronación y la consagración tuvieron lugar en Notre Dame de París, una manera para Napoleón de poner de manifiesto que era un hijo de la Revolución: designaba la capital como el centro político, administrativo y cultural de Francia.

Imaginemos un mundo donde la religión rija el comportamiento de las personas, en lugar de las leyes, como ha sido hasta ahora. Es decir que pasemos de un Estado basado en el derecho, a otro en el que la religión defina lo que socialmente se puede hacer. En este contexto, imagine que usted quiere cumplir su sueño de construir la casa que ha tenido en mente toda su vida, revisa con su arquitecto, ingeniero y abogado de confianza, el diseño que levantará sobre la propiedad que ha comprado con los ahorros de toda su vida y cumple con los requisitos técnico-legales para ser construida. Es decir, que se tomarán las medidas necesarias para contrarrestar el potencial daño ambiental, se contratará una empresa especializada y se llevarán bitácoras al respecto; pero a pesar de cumplir los requisitos para construir su casa, el funcionario público se rehúsa a entregar los permisos: “Porque así es la voluntad de Dios”.

Se asesora con su abogado especialista en derecho administrativo y encuentran que el acto administrativo del funcionario público encargado de entregar permisos adolece de vicios insubsanables, pues viola principios elementales del Estado de Derecho, por lo que le indica: “No hay problema, podemos apelar y fácilmente revertiremos esta decisión”. A lo que nuevamente, 3 meses después de estar en la dolorosa espera de verse frente a un sueño roto, del fallo de la apelación señala que “Dios se ha pronunciado por su buen siervo y se mantiene el criterio divino revelado por el don de la profecía.” Además, el acto administrativo impugnado viene con una extensa fundamentación en un extraño lenguaje que no entiende, pero que le han explicado que ha sido fundamentado en “lenguas”.

Ante este panorama, corresponde interponer un juicio contencioso administrativo, con la misma finalidad: anular el acto administrativo por ir en contra de la ciencia o técnica de una determinada industria, además de violentar las leyes encargadas de regular lo referente a las construcciones de obras civiles. Pero nuevamente nos topamos con un revés, porque el bloque de diputados religiosos ha establecido que los actos fundamentados en la voluntad de Dios son inapelables, porque no se puede ir en contra de la palabra de Dios. Esto es un ejemplo, que puede llegar a ser una realidad en algunos países.

El fundamentalismo religioso con poder político, no solo representa un riesgo en el ejercicio de la función pública, sino que también lo es para la libertad religiosa. Basta con imaginar que se cree un registro de personas por religión, que establezca preferencias para elegir a personas en determinados cargos a aquellas que tengan capacidad de oración, que profesen determinada fe, que sean buenos cantantes y animadores de cultos; o que, por el contrario, excluya a las personas que no sean de determinada religión de la posibilidad de ocupar cargos públicos. Así se establecerían cargos para determinadas posiciones que, además de tener las competencias técnicas, sean “evangélicos”. O bien se empiecen a establecer grupos internos en las instituciones públicas, que son financiadas con los impuestos de los miembros todas las religiones; con personas que pertenezcan alguna de ellas. Solo imagine el riesgo que esto representaría si un grupo de fundamentalistas religiosos comienza a imponer su forma de vivir, la cual es completamente válida, pero debe mantenerse en el ámbito de lo privado.

El Estado de Derecho es la garantía de que existe un terreno neutral en donde todas las personas, sin importar su fe o credo religioso, pueden coexistir y no deben temer alguna sanción al respecto, por cuanto existe una garantía de trato igualitario y no discriminatorio ante la ley. Los Estados deben garantizar que todas las personas tendrán derecho a vivir una vida libre, sin discriminaciones y con la capacidad plena de determinar su identidad religiosa, sin ser coaccionadas a formar parte de determinado culto. Basta recordar los rótulos de la Alemania Nazi en Europa y la prohibición de que los judíos ingresaran a determinados establecimientos comerciales, con la única excusa que no podían ingresar judíos.

Abrir la puerta a un estado fundamentalista es clavar una daga al corazón del Estado de Derecho y pone en riesgo no solo a las minorías LGBT, que son solamente el anzuelo para el pez, sino que pone en riesgo a toda la humanidad. ¿Cómo explicamos el extremismo del Estado Islámico, que ha ejecutado homosexuales por medio de decapitaciones? Los estados fundamentalistas empoderan a los hechos extremistas, como el que aconteció el día 7 de febrero en Costa Rica, cuando un grupo de madres de familia, actuando como vándalas, se tomaron la libertad de cerrar una escuela pública y al igual que los militantes del Estado Islámico, clamaban el asesinato de homosexuales, esto a todas luces es ilegal y punible penalmente bajo la ley costarricense.

El Estado de Derecho es una organización social permanente que se rige por las normativas civiles y los principios básicos de interacción humana de respeto a la ley, la igualdad ante ella y la no discriminación de ningún individuo; por cuanto se parte del hecho que todas las personas somos iguales. El Estado de Derecho es una garantía plena para que los individuos tengan el mismo valor dentro de la sociedad (sin importar si son ricos, blancos, gordos, heterosexuales o lo que sea) y por lo tanto de que las normativas legales le serán aplicadas de igual forma que a cualquier otra persona.

Imaginemos un mundo donde el secularismo pase a segundo plano, dejando como posibilidad que todo se defina por lo que indica la Biblia: las mujeres divorciadas serían segregadas, las personas que cometan adulterio serían apedreadas, el cerdo y las transfusiones sanguíneas serían prohibidas. Un estado de derecho es aquel en donde la ley se aplica de manera igualitaria a todas las personas, sin importar su procedencia social, su género, su religión, etnia o cualquier otra circunstancia que lo haga ser susceptible de ser sujeto de un trato discriminatorio.

Es preocupante lo miope que puede ser un movimiento no informado, que por buscar persignarse puede terminar arañándose. Igualdad no significa privilegios, sino que todas las personas serán respetadas y tratadas bajo el frío y objetivo trato de la ley.

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